Plusvalía: un tributo redundante que puede tener los días contados

En nuestro país existen en este momento hasta tres impuestos que parecen gravar el mismo hecho: Patrimonio, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y la Plusvalía municipal o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

El Impuesto sobre el Patrimonio se puso en marcha en 1977 para compensar de manera pragmática el gran agujero para las arcas públicas que suponía la habitual elusión del pago del IRPF. Con los años y el perfeccionamiento de recaudación de la Renta, Patrimonio ha sido vaciado de contenido, pero no suprimido. De hecho, con la crisis, se ha recuperado para sostener la estructura autonómica del Estado. Es un impuesto de naturaleza personal que grava el patrimonio neto de que sea titular la persona en el momento del devengo. Este impuesto castiga el ahorro, y se interpreta como una doble imposición para la persona que habiendo satisfecho sus impuestos en la generación del ahorro, ahora es penalizada por el simple hecho de mantener ese ahorro en el tiempo en forma de ladrillo.

El hecho imponible de la antigua Contribución, IBI desde 1988, lo constituye la titularidad de derechos reales sobre los bienes inmuebles. Cuando, con razón, se adujo que el Impuesto sobre el Patrimonio venía a gravar el mismo hecho que el IBI, el Tribunal Constitucional terció: no son lo mismo, puesto que Patrimonio es directo y personal, mientras que el IBI es real y objetivo. Pero, ¿se puede seguir predicando la objetividad del IBI cuando se establecen bonificaciones según quien sea el sujeto? Es más, en muchos ayuntamientos, sobre todo en los autodenominados “del cambio”, hay distintas iniciativas en marcha para ajustar el IBI a la capacidad económica del titular del inmueble.

La Ley General Tributaria señala que las bases imponibles se determinarán con criterio general a través estimación directa

Por fin, el IIVTNU o Plusvalía que lleva con nosotros desde 1911 y que es, según la ley de Haciendas Locales, el tributo que grava el incremento de valor de los terrenos. Su base imponible se determina a través de un porcentaje aplicado al valor catastral del terreno. Este es un hecho relevante, pues el legislador ha establecido un método de estimación objetiva. Al respecto, la Ley General Tributaria señala que las bases imponibles se determinarán con criterio general a través estimación directa, y sólo excepcionalmente y con carácter voluntario mediante estimación objetiva. Sólo esta circunstancia serviría para poner en tela de juicio la configuración actual de este impuesto. Pero todo se agrava tras la brutal crisis inmobiliaria de los últimos años. El cálculo objetivo de este tributo ha llevado a la situación absurda de que transmisiones de propiedad con minusvalías enormes han seguido generando suculentos ingresos para los ayuntamientos en concepto de plusvalía. Ante la avalancha de críticas, la Dirección General de Tributos ofreció en 2014 esta inverosímil argumentación: “el fundamento de este impuesto no es gravar el incremento real, sino el incremento como consecuencia de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra (mejora de alumbrado, aceras, mobiliario urbano…). Se pretende que el sujeto pasivo devuelva a la colectividad parte del beneficio por él obtenido, tomando como base el artículo 47 de la CE que señala que “la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos”.

Sentencias a favor del administrado

Frente a esta interpretación de la DGT, que no sólo elude la irregular estimación objetiva, sino los principios de capacidad económica y de no confiscatoriedad garantizados en el artículo 31 de la Constitución, varias resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos de Navarra, y muchas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia (Madrid, Cataluña, Zaragoza, etc.) se han posicionado del lado del administrado. Pero el tema no está resuelto ni hay unanimidad. Habrá que esperar a que, bien el Supremo, bien el Constitucional, decidan sobre el fondo de este tributo redundante y configurado para una España que pagaba pocos impuestos y dirigida por una política monetaria inflacionaria y devaluatoria que hacía que el valor nominal de los activos subiera sin freno.

Mientras tanto, y animados por tantas sentencias a favor, empresas y particulares tienen cada vez menos reparos para recurrir. Ahora bien, mucha atención a dos aspectos: los plazos y el pago. Ya les adelanto que recurrir no exime ni interrumpe la obligación de pagar (o avalar, en su caso). Asesórense bien en cuestiones procedimentales si van a luchar por recuperar esta exacción injusta, puesto que cualquier mal paso dado al respecto es el argumento preferido por la Administración para dar por terminado el expediente.

 

2 comentarios en “Plusvalía: un tributo redundante que puede tener los días contados

  1. Buen trabajo, y a todo ello hay que añadir la imposición añadida que se aplica además a cada transmisión por ITP y por impuestos de Donaciones y Sucesiones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

10 − uno =