Llega la hora de la verdad

El sector de la construcción ha tirado de la economía en los últimos años, aunque siempre ha sido señalado por no dar paso a “su hermano menor”, la rehabilitación, tradicionalmente relegada a un segundo plano.

Sin embargo, como ocurriera en la crisis de 2017, cuando las empresas constructoras diversificaron su negocio hacia la rehabilitación, la puja por liderar este subsector siempre se torna apetecible.

La culpa, en el lado más amable del término, lo tienen unos fondos, no los mal llamados como buitres “malos”, sino otros más aperturistas: los europeos. Europa se ha abierto en canal y dejará a nuestra economía maltrecha (de la construcción) cerca de 7.000 millones de euros para destinar a la rehabilitación energética residencial. Concretamente 6.820, euro arriba, euro abajo.

Pues bien, antes de que lleguen los conocidos Next Generation UE y se repartan a las distintas comunidades autónomas, administradoras oficiales de estos fondos, el Gobierno ha clarificado cómo será su gestión en la última Asamblea de la Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat).

Si bien España ha tenido las mejores valoraciones en la Estrategia de Rehabilitación a Largo Plazo entre los estados miembros, como se puede leer en la entrevista que aparece en el contenido de esta revista, el reto de su última actualización, redactada en 2019, está en ejecutarla.

En este sentido, Francisco Javier Martín, director General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha manifestado que el Gobierno no se puede permitir no gastar los fondos de recuperación de transformación y resiliencia, que tienen su mayor componente en la rehabilitación energética, considerado como uno de los tractores de la economía.

Para conseguirlo, el Ministerio cree que será necesario confiar la gestión a un nuevo modelo que consiga llegar a una escala de rehabilitación residencial, y que no conforme con consumir un volumen determinado de fondos que se consumirán en muy en pocos años. Dicho de otro modo, volver a sembrar para recoger lo no cultivado en la última década.

No estamos más de acuerdo en recuperar, como también ha avanzado el Gobierno, las deducciones por rehabilitación de vivienda, estableciendo tres tramos (de hasta el 20%, 40% y 60%) en función de su rendimiento o eficiencia energética. Pero este incremento patrimonial debería estar acompañado de otras ventajas, como es una modificación de la Ley de Subvenciones para no computar las ayudas a la rehabilitación de viviendas como ingresos de la Unidad de Convivencia.

Además de las ayudas directas y la desgravación, el Ministerio también incentivará la creación de oficinas de rehabilitación, que no solo informen a los ciudadanos, sino que también se conviertan en ventanillas únicas de tramitación de expedientes. Aunque estas oficinas, con mayor o menor fortuna, ya están implantadas en municipios y CCAA, esta iniciativa se traslada al ámbito nacional. Y es por ello, que la regulación de estas oficinas debe ser fundamental.

Llegados a este punto, es importante valorar la figura del Administrador de Fincas Colegiado, que, sin ser reconocido oficialmente como agente rehabilitador, si ha suplido sus funciones durante muchos años. Nadie mejor que nosotros para saber qué necesita el edificio que administramos.

 

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