El Pleno del Congreso no convalida las medidas urgentes de vivienda y alquiler

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El pasado 22 de enero, el Congreso de los Diputados no convalidó el RDL 21/2018 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, que ya analizamos en un reciente post. Recordamos cómo quedan las normas que en un principio se vieron afectadas.

Ley Arrendamientos Urbanos

A modo de resumen, la normativa anterior a la reforma operada por RDL 21/2018 es la siguiente:

  1. Aunque la duración del contrato será libremente pactada por las partes la prórroga obligatoria será de 3 años.
  2. La prórroga tácita será de 1 año.
  3. En el caso del arrendamiento de vivienda, al desaparecer el límite de las garantías adicionales a dos mensualidades de renta, el arrendador no tiene límites para solicitar avales o garantías adicionales al arrendatario.
  4. Los gastos de formalización y gestión inmobiliaria pueden ser asumirlos tanto arrendador como arrendatario.
  5. El contrato de arrendamiento estará sujeto a la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Ley de Propiedad Horizontal

Igualmente, quedan derogadas las siguientes disposiciones introducidas por el RDL 21/2018 que modificaban la LPH:

  1. El fondo de reserva podrá estar destinado a las obras de accesibilidad reguladas en el art. 10.1.b.

Estará dotado con una cantidad que, en ningún caso, podrá ser inferior al 10% de su último presupuesto ordinario.

  1. La comunidad estará obligada a ejecutar las obras que sean necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad en el edificio cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
  2. La adopción del acuerdo por el que se limite o condicione el uso de una vivienda a fines turísticos podrá adoptarse con el voto favorable de las 3/5 partes de la totalidad de propietarios que, a su vez, representen las 3/5 partes de las cuotas de participación.

El mismo quórum será necesario para la adopción del acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%.

Por lo tanto, a día de hoy, para que la comunidad adopte un acuerdo por el que se prohíba el uso de una vivienda para fines turísticos será necesario el voto favorable de la unanimidad de los propietarios.

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