¿Qué preocupa a los ciudadanos en materia de vivienda?

 

El último informe del Defensor del Pueblo ha puesto sobre la mesa que, en materia de vivienda, uno de los casos más demandados por los afectados son las solicitudes de cambio o permuta de viviendas de promoción pública como consecuencia de los problemas de convivencia y comportamientos incívicos de los vecinos.

Y es que, según este informe, muchos interesados denuncian que tienen que soportar diariamente, en su comunidad, actitudes poco apropiadas que, entre otros problemas, generan problemas de insalubridad en el inmueble, importantes perjuicios económicos y riesgos a la salud. “Los ciudadanos que presentan las quejas sufren frecuentemente agresiones y amenazas para que no interpongan denuncias”, recoge el informe. Como consecuencia, muchos vecinos optan por abandonar sus hogares, que después son ocupados, generalmente, por miembros de las unidades familiares que generan dichos problemas.

Los ciudadanos que presentan las quejas sufren frecuentemente agresiones y amenazas para que no interpongan denuncias

El Defensor del Pueblo entiende la complejidad que supone, en ocasiones, solventar estos problemas. Sin embargo, la gravedad de la situación requiere la ejecución de medidas concretas y efectivas con el fin de evitar daños al resto de vecinos del inmueble.

Recomendaciones

Desde esta institución se ha recomendado a la Administración, consciente de este problema, el incremento del número de inspecciones periódicas para evitar conductas ilícitas, peligrosas y molestas de los moradores y, en su caso, efectuar un seguimiento pormenorizado de las viviendas afectadas, para identificar posibles actos de vandalismo. Además, se sugiere que técnicos sociales se reúnan con las familias que tengan problemas de adaptación.

“En este último caso”, señala el informe, “cuando la Administración tiene comprobado que la familia conflictiva no tiene interés en colaborar, se le sugiere que proceda a la no renovación del contrato de arrendamiento al llegar la fecha de su vencimiento por perturbar la convivencia vecinal, haciendo uso de la facultad de la que dispone la Administración en su posición de arrendador de la vivienda”.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo recomienda elaborar un protocolo de actuación para que se ejecuten medidas preventivas de forma coordinada con todas las administraciones u organismos afectados.

Así, en los supuestos en que existan viviendas desocupadas, la titularidad (generalmente de una empresa municipal de vivienda) ha de valorar la oportunidad de adoptar medidas preventivas para evitar que el problema se agrave con nuevas ocupaciones, como tapiar los accesos a dichas viviendas.

“El ayuntamiento de la localidad ha de contemplar un incremento de los servicios municipales en las inmediaciones del inmueble, como el de recogida de basuras, y destinar mayor presencia de policía local en el entorno, o en su caso, solicitar apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, concluye este informe.

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